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CONCURSO DE INGRESO AL PODER JUDICIAL

TEMA II: 1. La función jurisdiccional del Estado. Nociones generales. Génesis y evolución de la función jurisdiccional. 2. Delimitación con las otras funciones del Estado, especialmente entre jurisdicción y administración. 3. Principios mas importantes de la función jurisdiccional: independencia de los magistrados judiciales, imparcialidad de los jueces, inamovilidad de los órganos jurisdicentes, seguridad en la remuneración, distinta composición y jerarquía de los oficios jurisdiccionales.

1. La función jurisdiccional del estado

Históricamente, todas las sociedades desarrollaron distintas instituciones y procedimientos para resolver los conflictos que se suscitaban entre los individuos que las componían.

Así, las contiendas entre sujetos eran resueltas por el jefe de la tribu, el sacerdote, los ancianos, los jefes militares, el "pater familiae", entre otros, y siguiendo distintos procedimientos ("consejos", ordalías, etc.).

En cambio, la noción de "función jurisdiccional del Estado" tal como hoy la conocemos surge con el advenimiento del Estado moderno y con la consolidación del denominado principio de la "división de poderes".

Al igual que nosotros los particulares, el Estado es una "persona jurídica"; pero mientras nosotros somos personas jurídicas de existencia visible (es decir mientras nosotros somos "personas físicas"), el Estado, en cambio, es una "persona jurídica de existencia ideal".

Lo que ahora debemos tener en cuenta es que tanto el Estado como nosotros los particulares, somos "personas", y, como tales, perseguimos "fines".

Pues bien, para satisfacer estos fines, tanto el Estado como nosotros los particulares ejercemos distintas "funciones".

Entre las funciones que ejerce el Estado y las funciones que normalmente ejercemos los particulares hay una clara distinción, que es consecuencia de los distintos intereses que persigue aquél y nosotros.

Mientras los particulares normalmente tendemos a la satisfacción de nuestros propios intereses: los intereses privados; el Estado, en cambio, tiende a la satisfacción del interés de la colectividad, es decir al interés público.

Es por eso que las funciones que el Estado ejerce son "funciones públicas".

A través de las funciones públicas se desarrolla toda la acción estatal, la que, a su vez, se desenvuelve en tres direcciones fundamentales dando lugar a:

* la función legislativa

* la función ejecutiva,

* la función jurisdiccional.

Todas tienen algo en común: son públicas y, como tales, tienden, cada una a su manera, a la satisfacción del genérico interés público.

Pero lo más importante es que estas "funciones" constituyen una manifestación directa del "Poder" del Estado. Por lo tanto resultan inherentes a la naturaleza y a la existencia misma de Estado. Un Estado para ser tal debe necesariamente desarrollar estas "funciones".

La función jurisdiccional constituye, pues, una función pública, esencial del Estado, que consiste, básicamente, en resolver las contiendas que se susciten entre los individuos por violaciones que se hayan cometido contra el ordenamiento jurídico de ese Estado, restableciendo y aplicando dicho ordenamiento.

No puede concebirse una sociedad y mucho menos un Estado que no posea de una forma u otra un servicio de justicia.

Ello sobre todo si consideramos que el Estado moderno reivindica para sí en forma privativa la función de administrar justicia. Está abolida la justicia privada porque hay un interés público y legítimo en que los individuos resuelvan sus conflictos y pretensiones dentro de la esfera del poder estatal (Bidart Campos, Germán, "Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino", Ediar, Bs. As., 1995, T. II, pág. 410).

De esta manera, la función jurisdiccional del Estado tiene como finalidad primordial la erradicación del uso de la fuerza ilegítima en el grupo social, para asegurar el mantenimiento de la paz y de la adecuada convivencia (cfr.: Alvarado Velloso, Adolfo, "Introducción al Estudio del Derecho Procesal", Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2000, pág. 19 y siguientes).

2. Delimitación con las otras funciones del estado, especialmente entre jurisdicción y administración

Como se dijo en el punto precedente, a través de las funciones públicas que identificamos fundamentalmente como legislativa, ejecutiva y jurisdiccional se desarrolla y desenvuelve toda la acción estatal.

Siguiendo a Paolo Biscaretti di Ruffia ("Derecho Constitucional", Tecnos, Madrid, 1973, pág. 213 y siguientes) podemos afirmar que la delimitación de estas funciones puede hacerse desde, por lo menos, tres puntos de vista:

material y objetivo: es decir, según el contenido.

Orgánico o subjetivo: es decir, según el órgano o, en su caso, el sujeto que ejerce la función; y,

Formal: es decir, según la forma en que se exterioriza la función. Desde este punto de vista, todos los actos emanados del ejercicio de una misma función (es decir, de un mismo Poder del Estado), adoptan una forma típica y adquieren al mismo tiempo una eficacia formal propia.

Veamos, en primer lugar, las tres funciones del Estado desde el punto de vista material:

mediante la función legislativa el Estado constituye su propio ordenamiento jurídico, o sea sus propias normas jurídicas, mandatos de carácter general, abstractos, preventivos, obligatorios, que innovan el derecho positivo vigente y atribuyen a uno o más hechos carácter jurídico. Dicho en modo más simple, esta función consiste en la elaboración de las "leyes", normas destinadas a regir las conductas de los particulares -y también de los órganos públicos- de manera general y abstracta.

La función ejecutiva, en cambio, es la multiforme, compleja, constante e ininterrumpida actividad que despliega el Estado para alcanzar sus fines inmediatos y concretos. En palabras más sencillas, es la función que desarrolla el Estado cuando realiza actividades materiales y concretas tales como prestar servicios públicos, construir obras públicas, proveer a la seguridad pública, asegurar la educación pública, etc.. Asimismo, mediante esta función se asegura el estricto cumplimiento de las normas que dicta el Poder Legislativo. En el ámbito de la función ejecutiva también es necesario precisar dos aspectos: la función administrativa y la función de gobierno o política.

La función jurisdiccional es la actividad estatal que se encamina a comprobar y hacer valer concretamente, en los casos particulares, el ordenamiento jurídico del Estado, resolviendo las contiendas que se suscitan entre los individuos como consecuencia de las violaciones a se ordenamiento, y evitando que las partes se hagan justicia por mano propia.

También se la ha definido como la función de administrar justicia en un caso concreto aplicando las normas del derecho objetivo.

En nuestro sistema constitucional a la función jurisdiccional también le corresponde el control de constitucionalidad sobre los actos de los otros Poderes.

Por ello, los jueces, al resolver un caso concreto, pueden, si comprueban fehacientemente una contradicción entre un decreto o una ley con la Constitución (nacional o provincial), declarar la inconstitucionalidad de tal ley o tal decreto y dejar de aplicarlos en ese caso.

Veamos, en segundo lugar, las tres funciones del Estado desde el punto de vista orgánico o subjetivo:

La función legislativa es la ejercida por el órgano del Estado predispuesto para dicho ejercicio como función propia: el Poder Legislativo.

La función ejecutiva es la ejercida por el órgano del Estado predispuesto para dicho ejercicio como función propia: el Poder Ejecutivo.

La función jurisdiccional es la ejercida por el órgano del Estado predispuesto para dicho ejercicio como función propia: el Poder Judicial.

Veamos, en tercer y último lugar, las tres funciones del Estado desde el punto de vista formal. En gran medida se identifica con el punto de vista orgánico o subjetivo, puesto que, normalmente, todo Poder realiza sus propios actos con una forma típica: la ley formal, para el Poder Legislativo; el decreto, para el Poder Ejecutivo; y, por último, la sentencia, para el Poder Judicial.

Mas, si bien es cierto que el principio rector es el de "separación de poderes" o, en un sentido técnico más estricto, "distinción de funciones", también lo es que, en los hechos, las funciones tienen a entremezclarse siendo a veces ejercidas por varios de los Poderes estatales.

Así, el Poder Legislativo realiza funciones administrativas cuando nombra asesores o contrata empleados, o realiza funciones jurisdiccionales cuando, dentro de sus atribuciones constitucionales, la Cámara de Senadores de la Nación juzga mediante juicio político al Presidente, o al Vice, a los Ministros o a Miembros de la Corte Suprema de Justicia.

También el Poder Ejecutivo realiza funciones legislativas no sólo cuando, dentro de sus atribuciones constitucionales, dicta decretos con carácter obligatorio general y abstracto (llamados "reglamentos") sino también cuando interviene en el proceso legislativo a través de la iniciativa y de la promulgación o incluso cuando ejerce su poder de veto total o parcialmente; y realiza funciones jurisdiccionales cuando actúa resolviendo controversias suscitadas entre la Administración Pública y los particulares.

Y, por último, también el Poder Judicial realiza funciones administrativas cuando nombra personal o contrata suministros necesarios para su funcionamiento, o incluso, realiza funciones de naturaleza legislativa cuando, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia dicta reglamentos para el mejor desempeño del servicio de justicia.

No obstante, en los casos recién mencionados, no resulta dificultoso advertir el ámbito en que cada Poder realiza las funciones que le son propias, ni llegan a confundirse sus roles.

A esta altura del desarrollo estamos en condiciones de efectuar una comparación entre las distintas funciones estatales. Interesa principalmente establecer los elementos diferenciadores entre "jurisdicción" y "administración" habida cuenta que el Ejecutivo, y la Administración Pública en general, realizan, como se expuso anteriormente, una serie de actividades (por ej.: imponer sanciones administrativas, resolver reclamos y recursos administrativos, entre otras) que tienen importantes puntos de contacto con la función jurisdiccional.

Así, mientras el Poder Judicial en el desenvolvimiento de su función (jurisdiccional) siempre es "impartial", es decir que no es "parte" al resolver un litigio generado entre dos sujetos, la Administración pública siempre es "parte" en los asuntos en que interviene (lo cual significa que en la función administrativa no existe la "impartialidad").

La función administrativa se actúa mediante una secuencia de actos denominada procedimiento administrativo que no tiene la misma estructura que la del proceso judicial. Entre otros aspectos es "informal" y consiste en una sucesión de actos ordenados y consecutivos que regulan una relación dinámica entre dos sujetos: quien insta y la Administración que recibe esa "instancia". En cambio, la función jurisdiccional se actúa mediante la forma típica del "proceso judicial". Éste es esencialmente "formal" y se traduce en una relación entre tres sujetos: actor, demandado (partes) y juez (tercero impartial e imparcial).

Las sentencias dictadas por el Poder Judicial tienen autoridad de "cosa juzgada" adquiriendo eficacia definitiva e irretractable entre las partes. En otras palabras, la facultad de resolver controversias con alcance definitivo e irrevisable es privativa del Poder Judicial. En cambio, los actos administrativos que dictan el Poder Ejecutivo y la Administración no gozan de la eficacia jurídica propia de la "cosa juzgada" y, en general, pueden ser revisados, siempre que se cumplan ciertos requisitos formales y materiales exigidos por la ley, por el Poder Judicial.

Para una mejor comparación entre las distintas funciones, puede resultarnos ilustrativo el siguiente cuadro comparativo:

 

 

FUNCIÓN

 

LEGISLATIVA

EJECUTIVA

JUDICIAL

Intermitente

Continua

Intermitente

General

Especial

Especial

Abstracta

Concreta

Concreta

Superpartes

Siempre es parte

Impartial

 

En el acto administrativo prevalece la voluntad

En la sentencia prevalece el elemento lógico del juicio

 

Se actúa mediante una secuencia de actos denominada procedimien- adm.

Se actúa mediante la forma típica del proceso

 

Es normalmente espontá- nea

Es normalmente provocada

 

El acto administrativo no tiene la eficacia jurídica propia de la cosa juzgada

La sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada es definitiva e irretractable entre las partes.

 

3. Principios más importantes de la función jurisdiccional

La organización del Poder Judicial descansa, fundamentalmente, sobre un conjunto de principios básicos. Del cuidado y la eficacia en la aplicación de dichos principios va a depender, sin lugar a dudas, la calidad del servicio de justicia que pueda brindar un Estado.

Ahora vamos a analizar algunos de los principios de mayor trascendencia.

 

Independencia (de los magistrados y del Poder Judicial)

La especial naturaleza y las particulares características (ya señaladas) que tiene la función jurisdiccional hacen necesario que se asegure una plena independencia al órgano y a los sujetos que van a ejercerla.

La independencia, resulta necesaria para que el juzgador pueda realmente ejercer su autoridad para procesar y sentenciar un litigio concreto, como así también para que todo el Poder Judicial pueda desempeñar efectivamente la actividad de control de constitucionalidad que en nuestro ámbito se le encomienda.

Por ello, en nuestro sistema constitucional, en consonancia con el principio republicano de la "división de poderes", tenemos que, por una parte, el conjunto de organismos o "tribunales" que ejercen al función jurisdiccional han sido erigidos como un Poder del Estado (técnicamente constituye un órgano del "Gobierno") que es el Poder Judicial y, por otra parte, se ha investido a los individuos que desempeñan esa función de distintas garantías que tienden a preservar su independencia.

Es así que el principio de independencia que estamos estudiando puede apreciarse desde dos perspectivas distintas: por una parte, desde un punto de vista "orgánico-institucional" (independencia del Poder Judicial como "Poder" del Estado) y, por otra parte, desde una perspectiva "subjetiva", teniendo en cuenta al "órgano-individuo", esto es, la independencia del juzgador al tener que resolver una determinada causa.

Desde el primer punto de vista el principio de independencia importa la existencia de la administración de justicia como un poder estatal institucionalmente "separado" y "diferenciado" de los otros poderes, con una organización especializada y competencias o atribuciones públicas específicas y exclusivas. En otras palabras, por aplicación de este principio se asciende la "jurisdicción" a la categoría de un "poder" que, como tal, integra el gobierno.

Otra consecuencia que se deriva de esta "primera perspectiva" del principio de independencia viene dada por el hecho de que la función de administrar justicia que se asigna a los órganos judiciales, excluye también su arrogación y ejercicio por el órgano ejecutivo y por el órgano legislativo, éstos sólo en forma excepcional ejercen funciones de tipo jurisdiccional. Ello significa que el órgano esencialmente encargado de ejercer la función jurisdiccional el es Poder Judicial y en el ejercicio de esa función goza de autonomía respecto de los otros poderes (cfr. Bidart Campos, ob. cit., T. II, pág. 411). Esto constituye una aplicación concreta del principio de distinción o separación de poderes que encasilla, entonces, a la administración de justicia en el Poder judicial.

Desde el punto de vista señalado en segundo lugar (subjetivo o del órgano-individuo), el principio de la independencia implica que los jueces no deben sufrir la coacción de gobernantes, legisladores y políticos, como tampoco de otros sectores de la sociedad puesto que son los máximos garantes de la verdadera vigencia de los derechos de todos los habitantes.

Por lo tanto, los jueces al momento de resolver un caso no pueden estar sujetos a órdenes del gobierno o de cualquier otro detentador del poder, sea éste político, económico o de cualquier otra clase. Sólo la Constitución y las leyes imponen obligaciones a los jueces. Ni siquiera los órganos judiciales de instancia superior pueden intervenir en el dictado de las sentencias o resoluciones de los de instancia inferior, excepto cuando la ley expresamente les otorga dicha facultad a través de recursos "revisores" (cfr. Bidart Campos, ob. cit., T. II, pág. 411).

Es así como la independencia orgánica y funcional del quehacer jurisdiccional se nos revela como un principio jurídico-político de fundamental importancia puesto que garantiza la vigencia efectiva del orden constitucional y del Estado de Derecho y la salvaguarda de las libertades, derechos y garantías.

 

Inamovilidad de los órganos juridiscentes

Este principio, como también el de "intangibilidad de remuneraciones" que luego estudiaremos, funciona como una "garantía" para asegurar la efectiva vigencia del principio de independencia antes aludido.

La inamovilidad presupone que los magistrados conservarán sus empleos mientas conserven su idoneidad física, intelectual y moral y el buen desempeño de sus funciones. Así lo dispone nuestra Constitución provincial en su artículo 88.

Es por ello que se afirma que el juez (órgano-individuo) goza de "inamovilidad" en su cargo, durante el período para el cual ha sido designado (puede ser vitalicio o puede tener algún límite temporal, como en nuestro régimen provincial). De este modo, la destitución de un magistrado sólo puede darse a título de excepción y de acuerdo a un procedimiento también especial (por ej.: el jury de enjuiciamiento o el juicio político).

Por lo tanto, los jueces sólo podrán ser destituidos de sus cargos por las concretas razones que se enumeran en la Constitución y siguiendo los especiales procedimientos que en ella se enuncian.

En nuestra Provincia, los miembros de la Corte Suprema de Justicia sólo pueden ser removidos mediante el procedimiento del "juicio político", mientras que los demás jueces inferiores (jueces de cámara y de primera instancia) sólo pueden ser destituidos por un tribunal o "jury" de enjuiciamiento.

Pero la inamovilidad protege a los jueces no sólo contra la remoción, sino que resguarda también la sede y el grado que ocupan estos magistrados. Ello significa que no pueden ser trasladados de un lugar a otro, como tampoco pueden se "ascendidos" o "retrogradados" en sus cargos, excepto que obtengan un nuevo nombramiento siguiendo los mecanismos o procedimientos descriptos en la Constitución.

Los empleados administrativos y los funcionarios del Poder Judicial no están protegidos por la garantía constitucional de "inamovilidad".

Ellos gozan de "estabilidad" en sus empleos. Ello significa que no pueden ser removidos o "despedidos" de sus cargos por una simple decisión de un superior jerárquico sino que, por disposición de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Constitución provincial, es necesario el pronunciamiento expreso del Poder Ejecutivo previa propuesta de remoción efectuada por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. Todo ello debe estar precedido por la realización de procedimiento especial, llamado sumario administrativo, en el cual se hayan comprobado las causas que justifiquen la cesantía y se haya declarado la correspondiente responsabilidad del empleado o funcionario.

 

Seguridad en la remuneración

Este principio que, como se dijo, tiende también a asegurar la eficacia del principio de independencia, implica que las remuneraciones de los magistrados no podrán ser disminuidas mientras permanezcan en sus funciones.

Tiene primordialmente como finalidad, por una parte, impedir la "domesticación" de la justicia por quienes elaboran el presupuesto (poderes legislativo y ejecutivo), ya que (como afirmara Hamilton, uno de los mentores de la constitución estadounidense) un poder sobre la subsistencia de un hombre equivale a un poder sobre su voluntad y, por otra parte, proteger a los jueces de las fluctuaciones de la economía asegurándoles la tranquilidad económica necesaria como para que puedan ejercer con plena libertad su importante función (Sagüés, Néstor Pedro, "Elementos de Derecho Constitucional", Astrea, Bs. As. 1999, T. 1, pág. 650).

Esto no implica que los jueces constituyan una clase privilegiada dentro de la sociedad. En tal sentido, la fijación de las remuneraciones judiciales tiene que atender a distintas situaciones: a) posibilidades económicas de una sociedad; b) necesidad de atraer a la judicatura a los mejores abogados; c) proporcionar a los jueces una vida estable (Sagüés, ob. cit., T. 1, pág. 650).

Mediante el manejo discrecional de las remuneraciones de los magistrados puede llegar a obtenerse un Poder Judicial sumiso o genuflexo, cuando no desaprensivo e, inclusive, podría llegar a trasuntar un dominio sobre la composición de la planta del Poder Judicial, provocando éxodos de magistrados no adictos mediante la baja de sus remuneraciones para luego colocar funcionarios que respondan a las directivas del poder político de turno.

Pero este principio no garantiza, en el régimen constitucional de la Provincia de Santa Fe, una irreductibilidad absoluta de las remuneraciones de los jueces y de los funcionarios de Ministerio Público sino que, de modo excepcional, está admitida la disminución e inclusive la suspensión de la remuneración de estos sujetos siempre que sea dispuesta por "leyes de carácter general y transitorio extensivas a todos los Poderes del Estado" (art. 88, Constitución provincial).

 

Imparcialidad de los jueces

Vinculado directamente al tema de la independencia del Poder Judicial se encuentra el de la imparcialidad de los jueces.

Sobre el particular es importante tener en cuenta que en cualquier fuero de que se trate (civil, penal, laboral, etc.), cuando determinado conflicto de intereses es sometido al conocimiento y decisión de un Juez éste debe ser imparcial; requisito, a su vez, del debido proceso que garantizan la Constitución nacional y la provincial.

La imparcialidad, supone la equidistancia entre el Juez y las partes en un juicio.

Es decir, el magistrado que resuelva el conflicto llevado a su decisión debe ser un tercero sin ningún tipo de interés en el proceso ni en su resultado.

Así, no podrá ser juez de un caso concreto, quien sea pariente de uno de los litigantes o sus apoderados; o tenga con él amistad; o sea su deudor o acreedor.

Para asegurar la imparcialidad del Juzgador, las leyes procesales han previsto ciertos mecanismos. Así, cuando se presente alguno de los supuestos antes mencionados u otros previstos en el Código Procesal, que puedan inclinar al juez a resolver de una manera determinada la causa, las partes podrán recusarlo, con lo cual se logrará el apartamiento del Juez y la causa pasará al conocimiento de otro magistrado.

Igualmente, cuando el propio juzgador advierte que se encuentra en una situación como la recién descripta deberá excusarse y, consecuentemente, dejar de intervenir en ese juicio que pasará a otro juez.

En el caso de los funcionarios del Ministerio Público, secretarios y empleados administrativos que se encuentren incursos en esas causales, si bien no pueden ser recusados por las partes, el Juez o Tribunal podrá darlos por separados del proceso.

 

Composición y Jerarquía de los oficios o despachos

La composición de los órganos judiciales tiene que ver con la forma en que ellos están integrados.

La jerarquía con la posición o grado que ocupa cada uno dentro del esquema de organización judicial.

Sin embargo, la jerarquía no implica que los órganos judiciales de instancia inferior puedan verse influenciados o subordinados por los de superior instancia, pues si bien es cierto que esos órganos superiores pueden revisar las sentencias de los inferiores siempre que se planteen los pertinentes recursos, también lo es que éstos, en el ámbito de su jurisdicción, son -como ya se explicó al estudiar el principio de independencia- completamente libres de fallar conforme a su convicción y de acuerdo a derecho.

Siguiendo con la jerarquía, cabe señalar que en nuestra organización judicial existe diversidad de instancias o grados de conocimiento.

Por ejemplo: originado un conflicto se lo lleva a conocimiento del Poder Judicial a través de un juicio que será fallado por un juez de primera instancia; la sentencia que éste dicte podrá ser apelada ante la Cámara de Apelaciones.

Finalmente, siempre que concurran los presupuestos legales y de excepción requeridos, el asunto podrá llevarse a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia e, incluso, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En lo que hace a la integración de los órganos judiciales debemos precisar que para una mayor rapidez en la prestación del servicio de justicia, los de inferior instancia suelen ser singulares, es decir, que el órgano estará integrado por una sola persona que atenderá cada despacho.

Por ejemplo, en Rosario hay 15 jueces de primera instancia de Distrito en lo Civil y Comercial y, entre ellos, los casos se distribuyen mediante sorteo realizado por la mesa de Entradas Única.

Sin embargo, es importante aclarar que en el ámbito de nuestra Provincia tenemos los denominados Tribunales Colegiados de Instancia Única, que si bien son de primera instancia, están integrados por tres jueces, extremo que los distingue de los demás órganos de primera instancia.

Por su parte, los órganos superiores deben ser plurales o colegiados. Ello tiende a asegurar una mayor seguridad y certeza en el juzgamiento al conocer varios jueces un mismo asunto simultáneamente.

Así, por ejemplo, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario está compuesta por cuatro Salas, integradas por tres jueces cada una.

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