Apertura Año Judicial 2011
ACTO DE APERTURA OFICIAL
DEL AÑO JUDICIAL 2011
- 11 de marzo de 2011 -
Ciudad de Santa Fe
Discurso del señor Presidente de la
Excma. Corte Suprema de Justicia de la Provincia
Dr. RAFAEL FRANCISCO GUTIÉRREZ
Muy buenos días a todos.
Es un honor para mí y para todos mis colegas recibirlos en este Salón de Actos.
Estamos sinceramente agradecidos por la presencia en este acto de las autoridades ya presentadas por el señor locutor.
También destaco la presencia de los medios de prensa que nos acompañan, y, en fin, al público en general. A todos, muchas gracias, y sean bienvenidos, en nombre mío y en el de mis colegas.
Una vez más, se me ha otorgado la alta responsabilidad de presidir esta Corte santafesina. En lo personal es -como dije- una responsabilidad, también es un honor y un desafío.
Todos saben que acumulo alguna experiencia en esta función. Sin embargo, no puedo dejar de decir que ningún período es igual a otro; cada año trae consigo particularidades y señales que lo distinguen de los anteriores.
Este acto formal de inauguración, -como es ya una tradición- es propicio para compartir (con los aquí presentes y también con toda la ciudadanía) los principales capítulos del quehacer judicial que habrán de marcar al corriente año. Y a nadie escapa que este año, 2011, resulta muy importante para la vida pública de la provincia y del país.
Resulta ciertamente imposible abarcar toda la agenda de actividades, habré de centrar la atención en las principales.
Siendo así, creo que es casi imperativo comenzar por destacar la inminente instauración de un nuevo sistema de enjuiciamiento penal.
No se trata, desde mi punto de vista, de un mero cambio de leyes procesales. La cuestión va más allá y se inserta como un capítulo de renovación de la cultura cívica santafesina. Renovación que era firmemente reclamada desde hace ya algún tiempo, no sólo desde el campo de las ideas, sino también desde el pensamiento judicial y desde los foros profesionales.
Ese camino iniciado con el Plan Estratégico del Estado Provincial para la Justicia Santafesina (en el que -recuerdo- convergieron unos 200 profesionales provenientes de los 3 poderes del Estado; de las facultades de Derecho; de los colegios profesionales vinculados con la vida tribunalicia; del Colegio de Magistrados y de los gremios del personal judicial), hoy está comenzando a plasmarse en la realidad.
El nuevo Código Procesal Penal, hijo de ese esfuerzo yo diría único en el país, prontamente se podrá palpar en procedimientos tangibles, marcados por la oralidad y la agilidad.
Me interesa transmitir la idea de que desde este Poder Judicial se han emprendido -y se seguirá haciendo- los máximos esfuerzos institucionales en pos de una más adecuada puesta en marcha del nuevo sistema.
Estos esfuerzos han implicado tareas de muy diversa índole, y comprenden
adecuaciones informáticas;
creación y adaptación de cargos;
capacitación; y
reformas edilicias.
En relación a este último tema, me interesa detenerme especialmente, ya que es preciso que se conozcan los avances llevados a cabo en lo edilicio. Hemos construido dos importantes Salas de Audiencias (una en Santa Fe y otra en Rosario); ambas, con capacidad para 30 personas. Están dotadas del equipamiento de audio y video necesario para efectuar las grabaciones exigidas por ley.
Al mismo tiempo, al día de la fecha, en Santa Fe, se culminaron las tareas para la puesta en funcionamiento de una nueva Sala de Audiencia; y en Rosario, estamos cerca de habilitar dos nuevas salas. En ambos casos, se trata no sólo de las salas en sí mismas, sino también de todos los espacios adyacentes necesarios para una eficiente gestión del juicio: salas de reunión del Tribunal; salas de espera para testigos; salas de espera para imputados; y dependencias de servicio.
Por su parte, en los Tribunales de Vera, Rafaela, Venado Tuerto y Rufino, se desarrollaron tareas de refacción de distintos espacios físicos en los edificios que tiene el Poder Judicial, a los fines de adaptarlos a la función de Sala de Audiencia, habiéndose contratado a una empresa privada que -según la necesidad- se encargará de brindar el servicio de audio y video exigido legalmente. No olvidemos que, ya en la primera transición legislativa, se llevaron con todo éxito juicios orales aquí en Santa Fe, en Rosario, en Venado Tuerto, en Rufino, en Vera y en Rafaela.
Estas tareas han sido harto novedosas, y reconozco que muchas veces no han resultado fáciles. Pero también afirmo que todo habría sido más difícil si se hubiera decidido no encararlas.
La experiencia internacional indica que los cambios de paradigmas procesales suelen insumir varios años de adaptación. Seguramente Santa Fe no será la excepción; seguramente habrá inconvenientes, pero ellos no deben significar la pérdida de la convicción en la concreción de la idea final.
Sepa toda la ciudadanía y los restantes poderes del Estado provincial del compromiso, del profesionalismo y de la inclaudicable voluntad de diálogo que el Poder Judicial ha puesto y seguirá poniendo en la materialización de este nuevo sistema procesal penal.
Me parece importante destacar este aspecto, ya que el diálogo y la colaboración entre los distintos poderes del Estado también es una forma de honrar y respetar la división de poderes.
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Me interesa destacar que desde el Poder Judicial también estamos propiciando la apertura de soluciones innovadoras para los conflictos jurídicos, soluciones que resultan ser más eficientes, sencillas y accesibles que los juicios tradicionales. Me refiero a los mecanismos de mediación, sumamente apropiados para una gran cantidad de casos.
Nos sumamos así, a una tendencia no sólo nacional sino mundial (diría yo) que aborda a la conflicitividad jurídica con mayor imaginación, ampliando las posibilidades de respuesta.
Me permito recordar que el Poder Judicial de Santa Fe dictó la primera Acordada DEL PAÍS implementando la Mediación en todo el ámbito de su territorio con la característica de ser voluntaria, gratuita y aplicable a todo asunto de carácter patrimonial susceptible de transacción y siempre que no vulnere el orden público.
Está a cargo de mediadores voluntarios que pertenecen a la planta estable del Poder judicial. Originariamente recaía sólo en los Jueces Comunales y Defensores Zonales, paulatinamente se fue ampliando a otros funcionarios y empleados con títulos universitarios, interesados en colaborar para lograr el éxito del Programa. Todos ellos, destaco, capacitados por la Corte Suprema de Justicia, a través del Centro de Capacitación Judicial.
Luego de las lógicas dificultades iniciales (dificultades que provienen, fundamentalmente, de nuestra cultura jurídica, muy apegada al litigio con controversia) el sistema logró instalarse fuertemente en nuestro ámbito, llegando incluso a contar con una gran aceptación de parte de los profesionales del Derecho.
A la fecha se encuentran habilitados unos 400 mediadores en toda la provincia. Hasta el momento, se han llevado a cabo, en toda la provincia, más de 10.000 mediaciones.
En materia civil, un 60% de los litigantes acepta someter su caso a la mediación; y, de ese porcentaje, un 60% de los casos culmina con Acuerdo. Díganme si eso no es un cambio importante en la gestión de los conflictos que llegan a los tribunales.
La mediación penal resulta más novedosa que las restantes materias. De todos modos, los datos estadísticos son, también, muy promisorios.
Desde la implementación del Nuevo Código Procesal Penal se han culminado con éxito más de 900 Solicitudes de Mediación penales. Aquí, el porcentaje de aceptación de sometimiento de un caso a mediación es menor que en el civil; aunque el éxito en el resultado es superior: ronda en un 78% de casos penales resueltos mediante acuerdos.
En el mes de diciembre del año pasado, hicimos entrega de habilitaciones a un nuevo grupo de mediadores. Esa fue la décimo-tercera promoción que se ha capacitado desde la puesta en marcha del sistema de Mediación Judicial.
La ocasión es propicia para formular un formal reconocimiento a las autoridades del Centro de Mediación, en mérito al importante esfuerzo que vienen desplegando en el fortalecimiento del área.
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También he hecho mención a la capacitación.
La sociedad actual exige una permanente capacitación a todos sus integrantes. Vivimos en un clima de constantes progresos, todo lo cual requiere, en cualquier orden de la vida productiva (material e intelectual) cada vez más conocimientos, destrezas y habilidades.
El Poder Judicial no ha permanecido ajeno a este reto. En el año 1995 creó el CENTRO DE CAPACITACIÓN JUDICIAL, con el objetivo de promover la formación continua y el perfeccionamiento de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial.
Se encarga, además,
de organizar los cursos de capacitación para aspirantes y para los recién ingresados al Poder Judicial;
de concretar publicaciones de las tareas desarrolladas por el Centro; y
de realizar trabajos de investigación continua que contribuyan al desarrollo de programas de formación y mejoras de la administración de justicia.
Durante el período 2010 se llevaron a cabo más de 40 actividades -entre cursos anuales, conferencias, talleres y jornadas-, distribuidos en todo el territorio provincial. En total, durante el 2010, han pasado por las actividades del Centro de Capacitación Judicial, unas 3.800 personas (entre integrantes del Poder Judicial y participantes externos).
Sólo en materia penal, sumamos el año 2010, un total de 23 actividades, entre Talleres, Jornadas, Cursos y Conferencias.
Los temas en los que se capacitó versaron sobre: Mediación, Juicio abreviado, Imputación objetiva, Principio de oportunidad, Prueba ilegal, Resiliencia en Mediación, Litigación Penal Oral en Régimen Adversarial (con una inversión económica muy importante del Centro de Capacitación), Derecho Procesal Penal, Cámara Gesell, Genética Forense, etc.
Las actividades incluyeron la visita de un contingente de este Poder Judicial a Buenos Aires a distintas oficinas judiciales, así como el apoyo para que dos funcionarios realizaran cursos presenciales en Santiago de Chile. También el Centro obtuvo becas que destinó a siete funcionarios y magistrados para capacitarse en proceso adversarial y litigación oral, actividad que se realizó a en la ciudad de Buenos Aires en la sede Jufejus durante una semana.
En todas estas actividades, colaboramos y recibimos el aporte de otras instituciones y órganos, como el Centro de Estudios de Justicia para las Américas (CEJA), la Universidad Nacional del Litoral, el minsiterio público de CABA, la ONG Unidos por la Justicia, la Sociedad Argentina de Genética Forense, la Procuración General, los Colegios profesionales, etc.
Se convocó a un total de 46 expositores.
Participaron de las actividades un total de 1631 asistentes. Tanto Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial, del fuero penal, de Menores y del Ministerio Público de las cinco Circunscripciones, como de Mediadores, Abogados, Psicólogos, Trabajadores sociales, integrantes de Fuerzas de Seguridad y demás profesionales involucrados en la temática.
Se sumó la impactante cifra total de 16.551 Horas - Hombre de Capacitación.
Esto sólo en el año 2010. No quiero aburrirlos con los datos de 2008 y 2009, cuando arrancamos la preparación de los agentes judiciales para el nuevo sistema penal, ni con el detalle de las actividades planificadas para este 2011.
También el Poder Judicial, a través del Centro de Capactiación, participó en el CURSO DE ESPECIALIZACIÓN PARA LA DEFENSA organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la U.N.L.
Un contingente de magistrados y funcionarios efectuó visitas y estadías en dependencias del Poder Judicial nacional; y desde el Centro de Capacitación se obtuvo apoyo para que dos funcionarios realizaran cursos presenciales en Santiago de Chile, específicamente orientados a la temática de los juicios penales orales. Se obtuvieron becas, además, que fueron destinadas a funcionarios y magistrados, quienes se capacitaron en proceso adversarial y litigación oral, en la sede de la Junta Federal en la Ciudad de Buenos Aires.
De este modo, queda evidenciado que el Centro de Caapcitación está muy lejos de mostrarse como una institución rígida. Por el contrario: está permanentemente atenta a las necesidades de los integrantes del Poder Judicial, cuya solución redunda en beneficio de la ciudadanía toda.
Por lo demás, como siempre lo digo, la formación que imparte el Centro no supone de ninguna manera, una superposición con las carreras universitarias. Al contrario, suponen un complemento de la formación universitaria, orientado a las necesidades prácticas del quehacer judicial.
Nada de esto es casual o sencillo; sino que se debe al permanente esfuerzo de las autoridades del Centro y de los capacitadores. A ellos agradezco su permanente vocación de servicio, imaginación y predisposición para que las intenciones se transformen el hechos y resultados.
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Ya desde hace algún tiempo, el Poder Judicial, los profesionales y los justiciables, JUNTOS, hemos comenzado a recorrer el asombroso camino de la Justicia Digital. En la actualidad, me interesa destacar que recientemente se ha puesto en marcha el nuevo SISTEMA DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES.
A manera ilustrativa, se puede mencionar que con este sistema aparece una "Clave Única de Identificación Jurídica", que reemplazará al actual número de expediente. Se trata de un código de barras que permite identificar los expedientes y que se visualizará en la carátula. El nuevo sistema prevé la digitalización de todos los escritos que se presentan en el juzgado a través de la utilización de modernos scanners y lectoras de códigos de barra.
Todo ello, como un gran paso para llegar al tan anhelado y difundido "Expediente Digital", permitiendo a todos los operadores del sistema visualizar por Internet o mediante los ya existentes puestos de autoconsulta, desde cualquier lugar y en cualquier momento, el texto completo de todas las actuaciones judiciales.
El desarrollo de este sistema recién está comenzando, y se presenta con una fuerte perspectiva de ampliación. Hoy se encuentra instalado en el Juzgado Civil y Comercial N° 1 de Santa Fe; en la Sala 2 de la Cámara Civil de Santa Fe; en los Juzgados Laboral N° 1 yde Circuito N° 4 de Rosario; órganos éstos que se erigen en Juzgados-piloto para el proyecto.
Próximamente será replicado en el Tribunal Colegiado de Familia N° 2 de Santa Fe; y, en Rosario, en el Tribunal Colegiado de Daños N° 6 y en el Juzgado de Menores N° 3.
Este proyecto informático resulta valioso no sólo en sí mismo, sino en términos de coordinación con la justicia de la Nación, de las demás provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En este sentido, manifiesto mi más absoluta coincidencia con las ideas expuestas recientemente por el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. RICARDO LORENZETTI, en el acto de apertura del año judicial de la Justicia Nacional, en relación a la importancia del diseño y desarrollo de políticas judiciales comunes entre las diferentes jurisdicciones.
Este trabajo se inscribe en el marco del Proyecto de Modernización del Poder Judicial de la Provincia. El mismo, les recuerdo, fue gestionado con recursos de financiamiento externo, a través del Poder Ejecutivo Provincial, y se puso en marcha durante el año 2007. Consta de 3 partes (llamadas "lotes"). El primer lote ya se encuentra en ejecución; pero la continuidad del proyecto precisa, en la actualidad, de una imprescindible definición de parte del Poder Ejecutivo. Me permito aprovechar la presencia en este acto del señor Gobernador de la Provincia para solicitarle una pronta decisión sobre el punto, que permita seguir adelante con las licitaciones de los lotes que restan ejecutar. Sería lamentable que el proyecto quedase a mitad de ejecución, ya que los excelentes resultados obtenidos hasta ahora en los juzgados pilotos deben ser replicados en todos los juzgados; y, además, el Sistema Documental Jurídico y el Sistema de Gestión de Gobierno, administrativo y contable contenidos en los lotes 2 y 3 resultan complementos indispensables de lo ya ejecutado. Descarto, señor Gobernador, su acompañamiento en la concreción de este proyecto, que tanto esfuerzo nos ha significado y que merece ser concluido; fundamentalmente, en pos de la prestación de un servicio cada vez más eficiente.
No debemos perder de vista los avances producidos hasta el momento; basta simplemente con tener presente que la Justicia Nacional está en estos momentos embarcándose en un proyecto similar, con los primeros llamados a licitación. También es bueno tener presente que en los primeros pasos del Plan de Informatización de la Justicia Nacional han sido consultada algunas provincias que ya acumulaban experiencia en el tema, entre las que se encontraba la nuestra.
Y ya que estamos tratando el tema de la tecnología, pienso que es importante mencionar algo que nos pone orgullosos: La justicia santafesina sigue siendo líder en el país en materia de firma digital. En efecto: somos la organización que emitió la mayor cantidad de certificados en el país, conforme la información publicada por la Oficina Nacional de Tecnologías Informáticas, a saber, 945 cuentas de correo electrónico con firma digital. La Oficina Nacional mencionada ha hecho público este reconocimiento hacia la justicia santafesina.
Estas cuentas están parejamente distribuidas en todo el territorio provincial, lo que habla, a su vez, de una gran atención que le hemos prestado a la descentralización tecnológica. Los 35 circuitos judiciales de la provincia tienen asignada alguna firma digital. Rosario y Santa Fe encabezan la lista, naturalmente; pero, al mismo tiempo, las localidades ubicadas en los extremos geográficos del territorio provincial poseen esta herramienta. Todas por igual. Esto también significa un importante aporte en la calidad de la gestión judicial.
También es digno de destacarse que la Justicia santafesina, a través de su Secretaría de Informática fue seleccionada el pasado año 2010 por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales para participar del Octavo Seminario Internacional de Gestión Judicial, realizado en Brasilia en noviembre del año pasado. Se postularon 90 proyectos, de los cuales se seleccionaron finalmente 8, entre los cuales se encontraba el proyecto santafesino, referido a temas de disponibilidad y seguridad informática. Refería, en especial, a los Data Center instalados en nuestros tribunales; equipos de última generación que permite la ejecución de una gran variedad de prestaciones informáticas (especialmente, en materia de info-comunicaciones), con un altísimo grado de seguridad. El Poder Judicial es el único sector del Estado que cuenta con este equipamiento.
En nombre de la Corte que presido, vaya un sincero agradecimiento y reconocimiento a los funcionarios y empleados encargados de la dirección y ejecución de la Informática del Poder Judicial.
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También destaco que habremos de mantener y profundizar las relaciones institucionales que la Corte mantiene con la justicia de otras provincias y con diversos organismos públicos, a través de la celebración de convenios, de diversa índole. Así, por ejemplo, existen convenios de asistencia técnica suscriptos entre este Poder Judicial y la Universidad Tecnológica Nacional y la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. También, con los Poderes Judiciales de las provincias de La Rioja, de La Pampa, de Río Negro, de Salta, de Chubut, y de Santiago del Estero, a partir de los cuales, por ejemplo, Santa Fe ha puesto a disposición de dichas provincias el Sistema de Evaluación de Postulantes para el Ingreso al Poder Judicial.
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Ustedes se darán cuenta que en varias oportunidades he puesto especial énfasis en cuestiones que tienen que ver con el fuero penal. Ello no es casual, ya que las modificaciones que estamos atravesando se justifican por el hecho de que allí se ventilan intereses que precisan de una preferente atención: la libertad, la dignidad, la atención de la minoridad en riesgo, y de los sectores vulnerados por diferentes formas de violencia.
Sin embargo, el mundo judicial no comienza y termina en el fuero penal. En otras palabras: la legítima atención que le estamos prestando a las transformaciones procesales penales no deben hacernos perder de vista los restantes fueros: el civil y comercial; el de menores; el laboral; y el contencioso administrativo, que también tienen sus propios requerimientos.
En este sentido, me permito recordar que la ley de presupuesto recientemente sancionada por la Legislatura de la Provincia no incluye, para este ejercicio, ninguno de los 238 cargos que en su momento se había acordado (entre esta Corte y el Poder Ejecutivo) computar en el proyecto respectivo.
La Corte ya dictó una acordada sobre este tema; y hoy retomo la intención de dicho pronunciamiento. Es importante tener en cuenta que esos cargos, lejos de constituir la totalidad de la demanda de recursos humanos del Poder Judicial, son los que consideramos indispensables en orden al cumplimiento de ciertos objetivos institucionales prioritarios de este Poder.
Es por eso que la omisión en la norma presupuestaria en vigencia, supone una seria dificultad en el el logro de esos objetivos, lo que seguramente traerá aparejado perjuicios a este Poder. Ello, en última instancia, siempre se traduce en mayores inconvenientes para los profesionales del Derecho y para la ciudadanía toda; y seguramente puede ser leído como una caída en la calidad institucional del Estado santafesino. Reitero, entonces, en este acto, lo señalado por el Cuerpo en la acordada que estoy mencionando: es imperioso, entonces, que se materialice la inclusión de los cargos oportunamente solicitados, efectuando las modificaciones presupuestarias que correspondan para el presente ejercicio.
Nunca dejo de llamar la atención sobre los índices de litigiosidad de nuestra provincia, los cuales muestran que en un lapso de 25 años (entre 1985 y 2010), el ingreso de causas ha aumentado a más del doble.
En números redondos: en 1985 ingresaban unas 200.000 causas y en 2010, unas 500.000. Desde luego que este incremento de trabajo no fue acompañado por un incremento del número de juzgados; aunque sí del índice de producción de sentencias, todo lo cual habla del esfuerzo y compromiso puesto por parte de nuestros jueces en la atención de los conflictos que llegan a los tribunales.
En este sentido, me parece importante insistir en la imperiosa necesidad de urgir los concursos de magistrados que se encuentran en trámite. Recientemente la Corte se ha expedido sobre el tema (tal como lo ha venido haciendo sostenidamente desde hace ya un tiempo); hoy me permito recordarlo.
Es preciso que se conozca que nuestra Provincia exhibe, lamentablemente, un 23% de vacantes definitivas de cargos de jueces de Juzgados, Tribunales o Cámaras que hoy se encuentran en funcionamiento (es decir, sin computar los juzgados que están creados por ley y prontos a comenzar a funcionar). Estamos hablando de 79 cargos vacantes definitivos; y si bien es cierto que 61 de ellos están cubiertos por subrogantes, no puede dejar de decirse que la figura del juez subrogante resulta ser esencialmente transitoria. Sin desmerecer las condiciones personales o profesionales de quienes hoy ejercen esa función, es por demás de claro que la conformación de una magistratura con un porcentaje significativo de magistrados subrogantes, conspira ciertamente contra la solidez institucional del Poder Judicial todo.
A esas cifras preocupantes debe agregarse que durante el corriente año, habrán de caer más de 20 subrogancias de jueces; y que, en el primer semestre de este año ya estamos computado que se producirán otras 20 vacantes en cargos definitivos (muchos de ellos, de vocales de Cámara, que no admiten subrogancias). Es cierto que en muchos de esos casos ya se están llevando a cabo los respectivos concursos; pero es preciso instar a las autoridades del Consejo de la Magistratura para que esos concursos culminen lo más prontamente posible.
Insisto fuertemente en este punto, coincidiendo con las ideas de LORENZETTI: requerimos que haya más jueces; que sean nombrados en tiempo oportuno; y que se preste especial atención a la provisión de cargos definitivos.
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No es el momento de agobiar con nóminas y detalles referidos a cada uno de los emprendimientos a que hecho alusión (y a muchos otros, que por razones de tiempo, no he llegado a mencionar). Es por eso que ponemos a vuestra disposición una cartilla que desde la Corte hemos decidido editar especialmente para esta oportunidad. Esa misma información también aparecerá publicada en la página web del Poder Judicial.
En relación a ello, me interesa destacar un último aspecto. Los emprendimientos a que he aludido, además de su impacto práctico y objetivo, tienen una inspiración mucho más profunda, más trascendental. Tienen que ver con la idea de que el Poder Judicial puede contribuir firmemente, desde su órbita, a la consolidación del Estado Democrático.
Y no estoy hablando del Estado Democrático que sólo garantiza el sufragio periódico. Las democracias sólidas no son las que solamente garantizan el sufragio, sino aquellas en las que la ciudadanía, cotidianamente, recibe respuestas democráticas desde el Estado.
Y ello sólo es posible cuando existe respeto a la ley, instituciones transparentes, respeto por los derechos de los ciudadanos y separación de poderes. En este último punto, resulta crucial la existencia de una judicatura genuinamente independiente.
Ya los estudiosos han destacado que los Poderes Judiciales cuentan con una herramienta de suma trascendencia en los procesos de consolidación democrática: el control de constitucionalidad. Esta función -exclusiva de los tribunales en toda la cultura jurídica iberoamericana- implica nada menos que "poner en marcha" la Constitución en la solución de conflictos concretos, lo que, en otras palabras, viene a significar velar por el Estado de Derecho, que es lo mismo que decir velar por los derechos individuales y por la división de poderes.
Pero, a su vez, esta declaración sigue exigiendo de más contenidos. Hoy en día, la función judicial viene marcada por procedimientos transparentes y abiertos de selección de magistrados (un aspecto por el cual desde siempre hemos bregado); y por importantes exigencias en materia de rectitud ética; de formación continua (no sólo en Derecho, sino también en materias extra-jurídicas, afines a la jurisdicción); de liderazgo respecto de su grupo de trabajo; y de conciencia social respecto de los pronunciamientos que emite.
Ése es el camino que hemos elegido tomar; y el que por convicción republicana habremos de ir forjando día a día, al transitarlo.
Si se tiene en cuenta ese cúmulo de exigencias, se ve con claridad el sentido de las garantías que los textos constitucionales le asignan a la función judicial. No me cansaré de repetir que la inamovilidad en el cargo o la intangibilidad de remuneraciones no son privilegios personales, sino la contracara indispensable de una función estatal a la que se le requiere rectitud e independencia, por constituir el último refugio al que puede acudir la ciudadanía ante la violación de sus derechos. El único sometimiento que puede tolerar un Poder Judicial en una república moderna, es el de la ley y la Constitución. Esta es la mejor carta de presentación para la ciudadanía.
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El imperativo constitucional de acceso a la jurisdicción puede atenderse de muy diversas maneras: a través de leyes que faciliten la promoción de peticiones, a través de razonamientos judiciales que tiendan a la atención oportuna de las mismas, entre muchas otras.
El tema también tiene una dimensión mucho más concreta, vinculada con la infraestructura judicial. Es sencillo: tener más juzgados, más cerca de la población, es, ciertamente, una forma muy clara y eficaz de ensanchar la tutela jurisdiccional efectiva.
En ese sentido, les informo que recientemente (hace apenas unas semanas), hemos puesto en funcionamiento el Juzgado Correccional de Villa Constitución, descongestionando el anterior Juzgado penal que concentraba la competencia de instruccion y correccional.
Al mismo tiempo, estoy en condiciones de anunciar que estamos muy próximos a poner en funcionamiento varios nuevos juzgados en distintos puntos de la provincia:
el Juzgado de Circuito de Avellaneda;
el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Esperanza;
el Juzgado de Familia de Rafaela;
el Juzgado Laboral de Rafaela; y
el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de San Justo.
Todas estas unidades eran ansiosamente requeridas por todos los operadores del Derecho: integrantes del poder judicial; colegios profesionales; y, naturalmente, la población de la zona de influencia de las localidades mencionadas.
Creo que es una noticia que merece ser difundida y celebrada, porque, en última instancia, también supone un avance en términos de igualdad de derechos ciudadanos.
También me permite detenerme en una cuestión que considero sumamente importante; y tiene que ver con que el mayor avance en materia edilicia ocurrido en los últimos tiempos en el Poder Judicial proviene de los esfuerzos emprendidos desde la Corte, con recursos propios.
Así, puedo mencionar, entre los capítulos más destacados,
La construcción, aquí en Santa Fe, de dependencias para Mediación; para la Oficina de Certificaciones y de la Oficina de "N.N.";
La ampliación del Palacio de Tribunales de Rosario;
Numerosas obras de refacción, llevadas a cabo en juzgados de toda la provincia. Entre las más importantes, menciono a las obras del Juzgado de Villa Ocampo; de los Juzgados de Circuito de Santo Tomé y de Firmat; de los Juzgados de Familia de Santa Fe; de los Tribunales de Vera y en Rafaela; y de los Juzgados de Circuito de Rosario.
La Construcción de la Morgue Judicial de Reconquista;
La refacción de la Sala de Efectos Secuestrados de Santa Fe;
La provisión e instalación de Grupos Electrógenos en los Edificio de los Tribunales de Santa Fe y Rosario;
Ejecución de la obra de los Tribunales de Villa Constitución; y
La modernización de las Cámaras Gessel, ubicadas en los Tribunales de Santa Fe y de Rosario;
En este punto, hago explícito mi agradecimiento a las autoridades de las localidades mencionadas, sin cuya colaboración no hubieran sido posible muchas de las obras que hemos emprendido. En especial, quiero destacar a la buena predisposición exhibida por los señores intendendes de Avellaneda, de Esperanza, de Reconquista, de Firmat y de Villa Constitución.
Y, relacionado también con la cuestión edilicia, estimo que la ocasión es propicia para agradecer tanto al señor Gobernador como al señor Ministro de Obras Públidas y Vienda, Arquitecto Hugo Storero, por el apoyo que han venido demostrando desde el año pasado en la concreción de la ampliación de este Palacio de Justicia de Santa Fe. Ampliación que -como todos sabemos- proviene de una acuciante necesidad de los usuarios del servicio de esta ciudad. Luego de haberse llevado a cabo en el año 2005 un "Concurso Nacional de Anteproyectos a Dos Vueltas", en el que participaron 34 trabajos presentados por profesionales de todo el país; fue elegido el proyecto ganador, a partir de lo cual el Poder Judicial contrató la elaboración del Proyecto Ejecutivo y de la documentación licitatoria correspondiente. Recientemente, se ha contratado con los autores del proyecto una readecuación parcial del mismo, a los fines de adaptarlo a las necesidades que provienen la nueva normativa procesal penal, tarea que estará concluida en el primer semestre del corriente año.
En tales condiciones, está restando, nada más, el llamado a licitación para comenzar con las obras. Para lo cual -una vez más, señor Gobernador-, vamos a solicitarle que arbitre los medios necesarios para que dicha decisión sea adoptada lo más prontamente posible durante el corriente año. Sabemos de su compromiso con la tutela de los derechos ciudadanos, por lo que descartamos su colaboración en este punto.
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Para ir cerrando, quisiera volver sobre un punto que toqué al principio. Todos sabemos que el corriente año viene marcado por importantes instancias electorales, tanto a nivel nacional como local. En este sentido, descarto el compromiso que deben tener todos los poderes del Estado (no sólo el Judicial), los partidos políticos y los movimientos sociales, en general, en la tarea de consolidar los canales de expresión ciudadana que exige una democracia responsable, equilibrada y sensata. Máxime si se tiene en cuenta que los próximos actos comiciales provinciales nos encontrará con normas, procedimientos e instrumentos novedosos, que seguramente exigirán al máximo de nuestra colaboración.
En nombre mío y de toda la Corte, una vez más, muchas gracias a todos por la atención y por vuestra presencia en este acto, especialmente.
Haciendo propia la invocación de nuestros constituyentes a la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, y de conformidad al artículo 19, inciso 15, de la ley 10.160, dejo formalmente inaugurado el presente año judicial.
Muchas gracias.